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HOY OPINA: Rogelio Roldán

Córdoba sufre la implosión de un modelo de gestión estatal orientado al negocio, no a la resolución de los derechos humanos básicos del pueblo como, en este caso, el agua y el saneamiento, de donde resulta el colapso del sistema hídrico y del ecosistema en su conjunto.

Una vez más el latifundio mediático pretende engañar al pueblo con la falsa idea de una “sequía” en la zona central del país, particularmente en Córdoba. En nuestra provincia el problema es cualitativamente superior, no es una crisis, es la implosión de un modelo de gestión estatal orientado al negocio, no a la resolución de los derechos humanos básicos del pueblo como, en este caso, el agua y el saneamiento, de donde resulta el colapso del sistema hídrico y del ecosistema en su conjunto.

En verdad los medios de incomunicación de masas tratan de encubrir la negligencia, el desmanejo y, sobretodo, el accionar delictivo de los gobiernos del “partido cordobés”, representante de las clases dominantes mediterráneas. El modelo de empresa estatal vertical, en manos del bipartidismo patronal, durante décadas libró la preservación de las cuencas y del régimen hídrico a la espontaneidad, sin prever el crecimiento demográfico ni que el agua potable es un recurso natural escaso. A este problema se sumó la ola neoliberal “eficientista” que arrasó con el patrimonio público. Así, por este birlibirloque cultural, el agua pasó a manos privadas y se mercantilizó, convirtiéndose de derecho inherente en servicio privado, que hay que pagar.

En 1997, la infausta gobernación del radical Mestre privatizó Obras Sanitarias, con el agravante de desguazarla porque la trasnacional con base en Francia, Aguas de Suez, no aceptó el saneamiento por “carecer de rentabilidad”. Caso único en el mundo, se separó la provisión de agua potable del sistema cloacal, que quedó en manos de la municipalidad capitalina.

El monopolio francés, procesado y expulsado de varios lugares del mundo por corrupción y prebendarismo, de la mano del gobernador fraudulento Juan Schiaretti y su máquina de voto automático en la Legislatura, es el paradigma del enfoque lucrativo y depredador del sistema capitalista. No pago del canon, malversación de los fondos públicos, desinversión, subsidiarismo, soborno, estafa y contaminación -además de asestarnos un sesenta por ciento de aumento desde el 2008 vía cinco tarifazos continuados-, son sus prácticas usuales. Este paradigma se complementa con represión al reiterado reclamo popular de recuperación de la empresa hídrica y de preservación del ecosistema, que tuvo su máxima expresión en el 82 por ciento de votos contra la permanencia de Aguas Cordobesas en la Consulta Popular de septiembre de 2007.

Hay que sumarle, en la columna del “debe” del stablishment cordobés, como factores del colapso, su connivencia y aliento al “complejo agroalimentario”, como llama Schiaretti a la banda de especuladores del monocultivo de soja transgénica, que devastó el bosque nativo en un 96 por ciento y convirtió al territorio en una zona árida ventosa, lo que hirió de muerte el ciclo natural del agua y el clima, situación agravada por el uso masivo e indiscriminado del paquete tecnológico agrotóxico. Sumarle también la rosca de expansión inmobiliaria, donde blanquean las regalías sojeras que han desertificado la provincia, secado las cuencas y contaminado ríos, arroyos y acuíferos, además de desquiciar al sector edilicio y al mercado de alquileres.

Durante varios años la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y de la Vida -Ccodav-, contra el ocultamiento de los gobiernos y de la trasnacional, denunció el colapso en ciernes. En un reciente comunicado expresa: “lo que no se dice es que más del 75 por ciento del consumo se lo llevan los 5,7 millones de hectáreas del complejo agroindustrial exportador, sembradas con soja transgénica durante la campaña 2009/2010 (...) para el consumo humano queda solo el cinco por ciento del total del agua disponible”. Añade que no tienen agua “los habitantes del norte cordobés, Punilla, Sierras Chicas y los pobres de la ciudad desde hace años -tampoco son rentables, como figura en el contrato con Aguas Cordobesas-, a pesar de los declamados programas “agua para todos” profusamente difundidos en cada campaña electoral, que terminaron casi siempre en pozos de agua con arsénico y otros contaminantes y en escándalos relacionados con la corrupción”.

Ante la evidencia del desastre, tanto el subsecretario de Recursos Hídricos, ingeniero Jorge Masih, como la incomunicadora Marcela Dávila, de Aguas Cordobesas, acusan a la ciudadanía de “derrochar el agua” y plantean ridiculeces como “no lavarse los dientes, no usar el inodoro”, etcétera. El gobierno municipal envía inspectores para sancionar con multa a quienes rieguen las plantas, pero omite “referirse a la calidad del agua contaminada con agrotóxicos en los 64 kilómetros de canal a cielo abierto, sometido en este momento -época de siembra- a un diluvio de agrotóxicos, contaminación criminal que motivó la denuncia penal por envenenamiento por parte de numerosos vecinos de la zona sur de la capital -agrupados en la Ccodav-, que permanece cajoneada en la fiscalía anticorrupción desde julio de este año”. Schiaretti alucina con el “trasvasamiento de cuencas”, impracticable por el agotamiento de las fuentes, y con el “acueducto Paraná-Córdoba que deberá salvar 400 kilómetros desde Santa Fe y elevar el agua a una altura superior a los 300 metros con un formidable costo energético, lo que seguramente terminará para riego de su querido sector agroalimentario. Como plan B, prevé un acueducto desde el río Dulce, que también atraviesa una región sojera escasa de agua”, según denuncia la Ccodav. Este desatino, para colmo actuado en serio, sería grotesco si no fuera infame, ya que en medio del problema, Aguas de Suez-Roggio -su testaferro nativo- acaban de ingresar, con fecha 4 de noviembre, una nota al Ersep solicitando un quince por ciento más de aumento tarifario.

Frente a esta calamidad “es indispensable detener la sangría del modelo y establecer un plan de ordenamiento territorial con participación popular y una ley de bosques que prohiba la deforestación y ordene la reforestación ampliada del bosque nativo por un periodo suficiente para permitir la recuperación natural de las cuencas y ecosistemas, iniciar las obras de reservas y conducción de agua”, propone la Coordinadora.

En resumen, la salida de esta catástrofe pasa por recuperar la privatizada y crear una empresa estatal, pública, comunitaria e integrada, gestionada y controlada por trabajadores y usuarios. Vale decir, una empresa pública basada en criterios de poder popular alternativo.

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